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En el acuerdo del PSOE-Unidas Podemos para un Gobierno de coalición del 30 de diciembre de 2019, se abordan los derechos de las personas consumidoras, en materia de Seguridad Alimentaria que incluye consideraciones sobre el impacto de la comida basura, el etiquetado, la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados y el impulso de la compra pública de alimentos de proximidad, con el consecuente impulso al desarrollo rural.
Para implementar estos compromisos de política alimentaria, Alma Mª Palau Ferré, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) espera que el nuevo Gobierno “abra más las puertas a la profesión dietista-nutricionista, para contar con sus conocimientos, preparación y competencias”.
Como explica Palau, “en el sistema educativo y en los modelos de consumo debería tenerse en cuenta al dietista-nutricionistas como agente en la promoción de una alimentación responsable basada en la compra local o de cercanía, el descubrimiento del producto de temporada, el desperdicio alimentario, la cocina autóctona, el bienestar animal, el pequeño productor y el pequeño comercio, la lectura del etiquetado nutricional…”.
Todo lo anterior teniendo en cuenta que al final, el consumidor es quien decide el modelo alimentario, y no educarle es exponerlo sin defensas, al afán de lucro de la mayoría de la industria alimentaria.
La presidenta del CGCODN recuerda que, en el ámbito de la sanidad, “aún queda también mucho para avanzar” y en el acuerdo del Gobierno “se echa en falta el derecho de la ciudadanía a una asistencia sanitaria integral, con la atención nutricional incluida, para asegurar el acceso gratuito a este servicio, en condiciones de igualdad efectiva, para personas enfermas y para colectivos vulnerables con riesgo de desnutrición”.
Estos grupos en riesgo incluyen a menores, tercera edad, mujeres embarazadas, lactantes, personas con discapacidad, enfermedades crónicas y agudas, población ensituación de pobreza, con niveles bajos de educación y migrantes que, ante la ausencia de dietistas-nutricionistas en la cartera de servicios de la sanidad pública, solo quienes pueden asumir el coste de una consulta privada, acuden a este profesional.
Los dietistas-nutricionistas presentaron en su día, un informe a la Ponencia de Estudio de las necesidades de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud del Senado, en el que se proponía la incorporación de los profesionales sanitarios graduados en Nutrición Humana y Dietética.
Como señala Alma Mª Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, “en el sistema sanitario, asistencial y preventivo, el dietista-nutricionista puede intervenir en enfermedades como obesidad, diabetes, cardiopatías o cáncer entre otras, contribuir a su reversión, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su recuperación”. Esta mejora en la calidad asistencial y preventiva conllevaría, además, un importante ahorro al sistema sanitario.
Así, para garantizar la prestación sanitaria en materia de nutrición en el Sistema Nacional de Salud, la incorporación de dietistas-nutricionistas debería ser como mínimo de un profesional por cada 100 camas de hospital en Atención Especializada, uno por cada 50.000 tarjetas sanitarias en Atención Primaria y otro por cada 500.000 habitantes en Salud Pública.
